lunes, 23 de julio de 2018

EL IMPACTO DEL COSTO DE LAS TARIFAS Y EL AUMENTO DE PRECIOS EN LA CRISIS ECONÓMICA





ECONÓMICA: HÉCTOR POLINO EXPUSO SOBRE EL IMPACTO DEL COSTO DE LAS TARIFAS Y EL AUMENTO DE PRECIOS EN  LA CRISIS ECONÓMICA


En la charla que organizó el Partido Socialista de Vicente López el día 11 de julio del 2018,  Héctor Polino expuso sobre el impacto de los aumentos de tarifas de los servicios públicos y del aumento de los precios de la canasta de alimentos en el marco de un proceso inflacionario, que ha llevado al cierre de comercios y de pequeñas y medianas empresas y la imposibilidad de pagar dichos aumentos en amplios sectores de la población.
Acompañaron en dicha charla e hicieron la apertura la cra Patricia Vergara, flamante Secretaria General del PS Vicente López y el cro Carlos Roberto, ex Concejal socialista en el distrito, quienes agradecieron la presencia de los vecinos y dieron un marco sobre el impacto de las políticas del Gobierno en los trabajadores y en los jubilados y pensionados
Héctor Polino sostuvo que la crisis social y económica en nuestro país es la consecuencia de las medidas económicas del gobierno nacional, que favorece a los grandes grupos económicos sin ningún tipo de control por parte del Estado, a quienes no les exige el cumplimiento de las leyes vigentes con relación a los derechos de los consumidores y usuarios
En este sentido destacó que las grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas de los productos de la canasta básica de alimentos y que 28 grandes empresas, mayoritariamente extranjeras producen el 80% de esos productos, y artículos de limpieza.
Además, el costo del transporte en camión de los alimentos significa que la logística influye en promedio en un 35% en el costo  de los  productos  de la canasta básica.
También cuestionó la designación del ex Ministro Juan José Aranguren que pasó de ser Presidente y accionista de Shell a Ministro de Energía y Minería, y que  el nuevo Ministro Javier Iguacel también proviene de ocupar funciones ejecutivas en YPF, PLUSPETROL, y PECOM, a ejercer dicho cargo.
El Gobierno nacional liberó el mercado de combustibles en el año 2017, lo que llevó a importantes aumentos en el precio de venta, y Aranguren había acordado un aumento del 3 al 5% en Julio de este año. En cambio, el actual Ministro autorizó un aumento del 5 al 12%, lo que significa el agravamiento de la situación  que produce un aumento generalizado de los precios.
El Gobierno Nacional implementó una política de quita de subsidios en electricidad, y gas natural desde el año 2016, previendo la quita total de subsidios, a través de 2 aumentos este año y 2 aumentos en el 2019, llegando a la quita total en Octubre de ese año, salvo en las provincias patagónicas que ocurrirá en Octubre del 2022.
Es importante destacar que la política del Estado en materia de servicios públicos debe garantizar el acceso universal, independientemente del nivel de ingresos  de los usuarios. Los servicios de energía eléctrica, agua potable y gas natural son considerados servicios públicos. También lo era el servicio de telefonía fija,  que fue eliminado por este Gobierno. Ningún Gobierno hasta ahora quiso declarar servicio público a la telefonía móvil.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional del año 2015, los países desarrollados subsidiaron el costo de la generación de electricidad entre los 600 a 1200 dólares por habitante y por año. En cambio, en nuestro país alcanzó a 413 dólares. Un 35% menos que el promedio mundial de 640 dólares.
Para tener una idea del deterioro en el poder de compra de los trabajadores, Polino señaló que en el mes de diciembre del año 2015, se destinaba el 6% del salario mínimo para pagar las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas natural, y transporte público de pasajeros. En cambio, ahora se necesita más del 21% del salario mínimo para pagar esos gastos. Es decir, hay una pérdida del 15% en el poder de compra de otros bienes y servicios.
Por último, destacó que en el caso de la electricidad lo que esta subsidiado en este momento es la generación.  Las distribuidoras  le compran la energía a quien maneja el mercado mayorista (CAMMESA de la que el Estado es propietaria del 51%) y en Noviembre del 2016, el Poder Ejecutivo Nacional pagó 19.000 millones de pesos a 6  empresas de distribución entre las que estaban EDENOR Y EDESUR,  para que saldaran sus deudas con CAMMESA.
Al finalizar la exposición, Héctor Polino contestó las preguntas de los vecinos presentes, fundamentalmente relacionadas con los subsidios y la situación de la calidad del servicio, indicando que el ENRE desde el año 2015, no ha sacado ninguna resolución obligando a las empresas EDENOR y EDESUR a indemnizar a los usuarios por los daños y perjuicios que ocasionaron los cortes.

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