Si algo ha quedado en duda en la actual situación planteada con la suba de la tarifa del subte a 7,50 pesos es la utilidad de la audiencia pública como tal

Nota: ADNciudad.com
28/07/16

El ex diputado nacional Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, dialogó con adnciudad.com analizando la validez del mecanismo de las audiencias públicas en el marco de la judicialización del aumento de la tarifa del subte, al que calificó como “un agravio a la razón”.
Si algo ha quedado en duda en la actual situación planteada con la suba de la tarifa del subte a 7,50 pesos es la utilidad de la audiencia pública como tal. De la última que se realizó -en virtud del mencionado proceso de modificación del cuadro tarifario- como de todas aquellas que se llevan adelante, dado que no se reflejan en la decisión posterior que se toma los distintos planteos, posturas y cuestionamientos esgrimidos a lo largo de las mismas.
Se podría decir que se verifica el eterno conflicto entre legalidad y legitimidad que tanta tensión vuelca sobre diferentes decisiones gubernamentales, mostrándolas muchas veces a contramano de lo que desea la gente. Alejándose incluso del mismísimo sentido común, aunque se cumpla estrictamente con lo que la ley prescribe.
Frente a esto adnciudad.com decidió plantear la cuestión de la validez real del procedimiento de audiencia pública a un conocedor del tema: el ex diputado nacional, Héctor Polino, titular de Consumidores Libres y un referente en materia de derechos de los usuarios. Se trata de quien a lo largo de su actividad, incluso como legislador, ha dejado sobradas pruebas de su honestidad intelectual a la hora de defender a los consumidores.
Una de las primeras definiciones que da Polino, incluso contrariamente a lo que piensan muchos referentes políticos y de distintas ONG’s que cuestionan lo sucedido en las audiencias públicas, es que las mismas “no pueden ser vinculantes”.
Lo afirma en el entendimiento que “no se pude saber el grado de representatividad que tiene cada una de las personas que hablan”, por lo cual “no hay manera de contar las adhesiones de quienes están a favor y quienes están en contra”.
Sin embargo reivindica la necesidad de una modificación del procedimiento general, aludiendo incluso a una iniciativa por él presentada oportunamente en la Cámara de Diputados y que no contó con el apoyo necesario para su consideración.
En la misma hacía referencia a la necesidad de “regular el desarrollo de las Audiencias Públicas de manera que la autoridad que tiene que resolver tomando la decisión política, como en este caso del aumento del servicio del subte, en los fundamentos de la reglamentación deba evaluar todos los argumentos que se dan a favor o en contra”.
Esta evaluación permitiría a todos entender los fundamentos de la decisión política, a partir de tener que explicitar la respuesta a los rechazos de “todos los argumentos que se opusieron en contra del aumento”, haciendo referencia a lo sucedido en el Centro Cultural San Martín, paso previo a la decisión que hoy se encuentra judicializada.
Además Polino señala que “se debe pedir que tengan la publicidad necesaria, que se difunda a través de los medios de comunicación, para que los vecinos que quieran participar lo puedan hacer, ya que muchas veces los ciudadanos ignoran que esto se vaya a realizar”.
Da para ello el ejemplo de lo que le sucedió en la década de los 90` en Bariloche donde, “luego de llegar y reservar un hotel para hospedarme por un día, concurrí a una Audiencia Pública que se esperaba fuese multitudinaria y con gran nivel de discusión”. Sin embargo “lo que sucedió es que luego de tres horas de haber sido una de las pocas personas que se presentó e hizo uso de la palabra, esta concluyó”.
Denotando tristeza y decepción, aún luego de tanto tiempo, Polino recuerda que regresó al instante a Buenos Aires, ya que en la propia ciudad de Bariloche nadie estaba al tanto de esta audiencia pública que definía algo tan importante como el aumento del servicio telefónico.
Pero alerta también que la publicidad y la participación no garantizan necesariamente la cuestión de la legitimidad del acto administrativo que, insiste, estaría dado por la obligatoriedad de imponerle al poder político la necesaria fundamentación del rechazo que se pueda esgrimir en las audiencias por parte de los distintos expositores.
Como ejemplo que puede dar aquel que ha recorrido un camino rico en experiencias, el titular de Consumidores Libres recuerda la oportunidad de debate que se dio en Ituzaingó, “en un galpón donde hacían más de 45 grados”, en donde se trataba el aumento del servicio de trenes.
El debate -dice Polino- “terminó a la madrugada” y el entonces diputado nacional se presentó en su despacho a la mañana siguiente en donde se enteró que “ya estaba publicado en el Boletín Oficial la suba del pasaje”. Con esto se evidencia que “en la mayoría de las veces las
decisiones ya están tomadas con anticipación y la audiencia pública, la que se convierte en un mero requisito formal”.
“Si los funcionarios tuvieran que rebatir los argumentos esto tendría otro sustento”, sostiene y agrega que en el caso que se debate hoy “la jueza no tendría argumentos para poner en duda la Tarifa Técnica”.
Una Tarifa Técnica que, regresando al caso de lo presentado por Juan Pablo Piccardo, tenía una cantidad de “información insuficiente”.
Recuerda que en esa jornada le preguntó al propio Piccardo el monto de los ingresos que recibe la empresa Metrovías “en concepto de alquiler de estática publicitaria, de locales, de los túneles para el tendido de cables de distintas empresas y de la propia venta de pasajes, algo que el titular de SBASE respondió en 30 millones de pesos, en forma dubitativa y casi de compromiso”.
Otra cifra que pone en duda Polino es la de la cantidad de pasajeros. Asegura que no cree que en el argumento que “los aumentos se dan porque la gente viaje menos”. Dice ver que “la gente sigue eligiendo el subte”, de hecho “en la línea D en las hora pico no se puede subir”.
También asegura que “llama mucho la atención que Metrovías no haya estado en la audiencia pública respondiendo cuál es el sueldo de sus directivos, algo que el usuario tienen derecho de saber”. Sumándose al pedido de una “revisión integral de los costos de la empresa” y a que esta “abra los libros contables”.
Como ex legislador no se olvida de sus pares y entiende que estos “tienen la obligación de asistir a las audiencias”, porque de lo contrario, lo que pareciera es que “les resulta indiferente lo que dicen los vecinos”, rescatando de la crítica a las “pocas excepciones” que se presentan.
Como conclusión del diálogo con adnciudad.com, Polino entiende que el reciente pedido de aumento “es un agravio a la razón, un acto de injusticia”. Dado que no se puede soslayar que “la gente manifiesta que no está de acuerdo por el pésimo servicio que se presta, con la mayoría de las escaleras mecánicas y ascensores que no funcionan y donde se viaja como animales en hora pico”.

Link a la nota: http://www.adnciudad.com/content/view/31736/1/