LA ORFANDAD DE LOS CONSUMIDORES

 Al negar la inflación, el gobierno nacional favorece a los formadores de precios, a las cadenas de supermercados, a los grandes grupos del poder económico, a los que tienen una posición dominante en el mercado, a los que llevan a cabo publicidad engañosa, a los que presentan productos en envases cada vez con menor contenido.

Además, al manipular los datos del Indec, se ocultan los verdaderos índices de pobreza e indigencia, con lo cual se impide tomar las medidas adecuadas para reducirlos.

La subsecretaría de Defensa del Consumidor suspendió a Consumidores Libres del Registro de Entidades de Defensa del Consumidor, por realizar un muestreo de precios de 38 productos de la canasta de alimentos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Esos relevamientos-que se vienen realizando cada 15 días desde hace 18 años- se llevan a cabo en cumplimiento de lo establecido en la ley Nº 24.240 de defensa del consumidor, artículo 56, inciso g.

Sin darle a Consumidores Libres el derecho a la defensa, invocando los artículos 4, y 45 de la ley 24.240, que están referidos a los proveedores, no a las entidades de consumidores, sin dictamen jurídico previo, se aplicó una gravísima sanción por parte de una autoridad que además no tiene facultades legales para hacerlo. Un verdadero atropello, un claro abuso y desvío de poder, un cercenamiento a la libertad de información y expresión, una violación al artículo 42 de la Constitución nacional.

Mientras tanto, bancos, tarjetas de crédito y empresas financieras continúan cobrando tasas de interés abusivas y cargos indebidos, ante el silencio cómplice del Banco Central. Empresas de medicina prepaga ignoran la ley 26.682, envían cartas a los afiliados para comunicar aumentos en las cuotas, no autorizados por la autoridad de aplicación, sin recibir por ello ninguna de las sanciones previstas en el artículo 45, de la ley 26.682. El Congreso Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, viene demorando inexplicablemente la sanción de una ley que establezca un marco regulatorio de la telefonía móvil, declare servicio público la actividad y establezca el sistema de audiencias públicas cada vez que se pretenda modificar los cuadros tarifarios. De esa manera, se permite que los usuarios continuemos pagando las tarifas más caras del mundo y seamos burlados con una deficiente prestación del servicio.

Después de 13 años de haber sido sancionada la ley 25.156, el Poder Ejecutivo no ha constituido aún el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que hubiera permitido desbaratar prácticas abusivas de los formadores de precios.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado: "Así como el derecho del consumidor protege a éste de informaciones falsas o engañosas que distorsionan la relación de consumo, el derecho a la libertad de expresión debe garantizar que las personas puedan acceder a la mayor cantidad de informaciones e ideas para formarse sus propios juicios de valor sobre las cuestiones de interés público. La circulación de informaciones y el debate de ideas nunca pueden suplantarse con una verdad «oficial» sobre diversos aspectos que atañen al funcionamiento del Estado y la sociedad".

La sanción a Consumidores Libres es la primera medida que se aplica en nuestro país a una entidad de este tipo y la única en el mundo: no se registra ningún antecedente en ninguna nación de la tierra. Países con gobiernos conservadores, liberales, demócratas cristianos, socialdemócratas o socialistas, jamás sancionaron a una entidad defensora de los consumidores.

En este sentido, el país dejó sentado un lamentable antecedente.

Como un eslabón más, para silenciar a las entidades defensoras de los consumidores, está la insólita pretensión oficial de crear un Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores. En el reglamento, se permite la participación de organizaciones no inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Consumidores. En la primera reunión, llevada a cabo por el consejo asesor, participaron organizaciones recientemente creadas al calor oficial, no inscriptas, para juzgar a Consumidores Libres, que lleva 20 años de trabajo social ininterrumpido.

Para comprender el carácter persecutorio de ese Consejo Asesor, basta señalar lo que dice el artículo 7, inciso c, del reglamento: "La asociación cuya conducta se evalúa no será convocada".

Todo esto parece una ficción, pero, lamentablemente, es una triste realidad. Todavía estamos a tiempo de evitar que se convierta en tragedia.

Hoy podemos afirmar que los funcionarios al frente de las áreas del gobierno nacional vinculadas a los consumidores de bienes y servicios se parecen a los violinistas -con el respeto y admiración que se merece esa actividad - porque ponen el instrumento sobre el hombro izquierdo, pero tocan con la mano derecha.

PUBLICADO EN LA © LA NACIÓN

(30-11-2012)